Ultimátum judicial al Gobierno: Discapacidad en emergencia con fecha límite inamovible
La Justicia Federal fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo final para la implementación total de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
El incumplimiento podría acarrear multas y causas penales para los funcionarios responsables.
La situación de la discapacidad en Argentina atraviesa un momento crítico tras la decisión del Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, que impuso una fecha límite inamovible al Gobierno Nacional: el 4 de febrero de 2026. Para esa fecha, la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) debe estar plenamente operativa, garantizando el financiamiento de las pensiones no contributivas y la urgente actualización de aranceles para los prestadores.
Esta resolución judicial surge como respuesta a la falta de implementación de la norma, que había sido suspendida por el Poder Ejecutivo tras su promulgación en 2025. El fallo representa un ultimátum.
Dura advertencia por incumplimiento
Las consecuencias de no acatar el fallo son severas. Si la ley no está totalmente aplicada para el 4 de febrero, los funcionarios responsables podrían enfrentar multas diarias de carácter personal y la apertura de causas penales por desobediencia.
La vigencia de la emergencia hasta fines de 2026 fue ratificada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2025, que rechazó un artículo del proyecto de Presupuesto 2026 que buscaba derogarla.
La voz de los referentes: "Hay un atraso gravísimo"
En comunicación con Radio Verdad, Leandro Ator, referente del Colectivo 3 de diciembre, expresó la profunda preocupación del sector y la urgente necesidad de acción.
"Necesitamos con suma urgencia que se aplique la ley de emergencia en discapacidad, pero no sabemos qué puede suceder porque el gobierno nacional pone muchísimas trabas a las personas con discapacidad y a los prestadores", sostuvo Ator.
El referente advirtió que la falta de aplicación obligará al colectivo a intensificar la lucha. "Si el gobierno sigue en esta sintonía de incumplir con la ley seguiremos luchando y si tienen que entrar más amparos a lo largo y ancho del país lo vamos a hacer", afirmó.
Ator hizo hincapié en la crisis económica que atraviesan las instituciones de prestadores: "Hay que actualizar los aranceles por el atraso gravísimo, las instituciones están endeudadas con ARCA y necesitan un plan de pago".
Finalmente, el referente del Colectivo 3 de diciembre lanzó una dura crítica a la gestión actual: "Hay que entender como sociedad que hay límites que no se pueden pasar y si la ley no se aplica será momento de reorganizarnos. El gobierno de Milei tiene un encono y un resentimiento con las personas con discapacidad".
