UEPC Capital denunció un "quite discriminatorio" de licencias gremiales y espera una nueva audiencia con el Gobierno
La disputa entre el Gobierno de Córdoba y la Delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) sumó un nuevo capítulo tras la audiencia realizada en el fuero laboral de Tribunales III.
Desde la seccional capitalina destacaron la predisposición al diálogo manifestada por los representantes del Ejecutivo y confirmaron que se fijó una nueva instancia para el próximo 3 de agosto.
El conflicto se originó luego de que la administración provincial resolviera dar de baja las licencias gremiales con las que contaba la Delegación Capital, la seccional más numerosa de la provincia, que representa a unos 40.000 docentes y más de 600 escuelas.
En diálogo con Radio Verdad, la secretaria general adjunta de UEPC Capital, Graciela Güell, explicó que en la audiencia no participaron funcionarios del Gobierno, sino dos abogados que representaron a la Provincia.
"Los abogados se presentaron con una voluntad dialoguista y solicitaron una nueva audiencia para el 3 de agosto", señaló.
Güell sostuvo que la decisión del Gobierno constituye "un quite discriminatorio" dirigido específicamente contra la Delegación Capital debido a la postura que mantuvo durante las últimas negociaciones salariales.
"Es un quite discriminatorio a la Delegación Capital porque tuvo un rol muy aguerrido en las pasadas negociaciones paritarias. Creemos que es un intento de disciplinamiento porque somos una conducción independiente", afirmó.
Durante la audiencia, los representantes legales del Ejecutivo argumentaron que existe un cupo de licencias gremiales reglamentarias y que, históricamente, la UEPC habría excedido esa cantidad.
Pese a las diferencias, la dirigente valoró el desarrollo del encuentro judicial.
"Salimos conformes de la reunión porque la jueza escuchó nuestros planteos y los abogados mostraron voluntad de resolver el conflicto", expresó.
Desde UEPC Capital sostienen que la eliminación de las licencias constituye un ataque a la libertad sindical y denuncian una persecución política y gremial. Además, reclaman la restitución de las licencias históricas de la delegación y cuestionan también a la conducción provincial del gremio, encabezada por Roberto Cristalli, a quien acusan de no intervenir en defensa de la seccional capitalina.
El conflicto se da en un contexto de tensión por las negociaciones salariales docentes y mantiene abierta una disputa que volverá a discutirse en la audiencia prevista para el 3 de agosto.
