
Milei recortó el cálculo de las indemnizaciones por despido: excluye bonos, horas extras y aguinaldo
La reglamentación establece que para calcular la base indemnizatoria ya no se computarán conceptos variables como bonos, premios, horas extras, comisiones, aguinaldo y otros pagos no habituales.
El Gobierno nacional reglamentó un cambio en la forma de calcular las indemnizaciones por despido, al establecer que la base salarial sobre la que se determina el monto a percibir excluirá una serie de conceptos que hasta ahora podían integrar el cálculo.
La medida fue oficializada el lunes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el marco de la reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei.
De acuerdo con la nueva reglamentación, para determinar la "mejor remuneración mensual, normal y habitual" del trabajador ya no se tendrán en cuenta rubros de carácter variable o excepcional, entre ellos el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), las horas extras, comisiones, premios, bonos, compensaciones y otros adicionales cuyo pago no sea regular. Según el texto oficial, el objetivo es precisar qué conceptos integran la base indemnizatoria.
La modificación implica que, en numerosos casos, el salario tomado como referencia para calcular la indemnización será menor al que surgía cuando se incorporaban esos ingresos complementarios.
Especialistas en derecho laboral y representantes sindicales advirtieron que el cambio podría traducirse en una reducción del monto que perciban los trabajadores despedidos, mientras que desde el Gobierno sostienen que la medida busca otorgar mayor previsibilidad al sistema.
La disposición se inscribe dentro de la reforma laboral aprobada a través de la Ley Bases, que habilitó al Poder Ejecutivo a reglamentar distintos aspectos del régimen de trabajo. Entre otras modificaciones, esa normativa también incorporó nuevas modalidades de contratación, cambios en el período de prueba y la posibilidad de crear fondos de cese laboral mediante convenios colectivos.
El alcance de la nueva reglamentación ya genera debate entre especialistas y organizaciones gremiales, que analizan su impacto sobre los derechos laborales y anticipan posibles cuestionamientos judiciales. Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que los cambios apuntan a reducir la litigiosidad y brindar mayor certeza en la aplicación de las normas laborales.
Fuente: La Nueva Mañana