La Educación en Crisis: Universidades Nacionales Exigen al Gobierno Aplicar la Ley de Financiamiento
"El sistema universitario es crítico", advirtió el rector Raúl Gil, denunciando el bloqueo de una ley clave por parte del Ejecutivo Nacional.
La comunidad universitaria nacional se encuentra en estado de alerta ante la parálisis presupuestaria impuesta por el Gobierno Nacional, a pesar de la sanción y ratificación de una ley clave por parte del Congreso. Raúl Gil, rector de la Universidad Nacional de San Luis, dialogó con Radio Verdad y destacó la gravedad de la situación, exigiendo la aplicación inmediata de la norma que garantiza el financiamiento universitario.
Presupuesto Congelado y Deterioro Institucional
El rector Gil fue contundente al describir el panorama: “Las universidades nacionales vienen de dos años de un presupuesto reconducido que hizo que se deterioren los salarios de los docentes y todas las actividades que se llevan a cabo.”
La ley en cuestión, sancionada en septiembre de 2024, busca revertir este deterioro con objetivos claros:
- Actualización Salarial: Recomponer los sueldos de docentes y no docentes por inflación (INDEC), tras una pérdida estimada en más del 30% del poder adquisitivo.
- Gastos de Funcionamiento: Actualizar las partidas que se mantuvieron con valores prorrogados de 2022 y 2023.
- Investigación y Becas: Ampliar las becas estudiantiles y reactivar proyectos de investigación.
El Bloqueo del Ejecutivo
A pesar de la sanción legislativa, la ley no ha podido aplicarse. Gil detalló el proceso de bloqueo: “Y en ese contexto se trabajó en una ley en el Congreso que garantice el presupuesto universitario y finalmente fue sancionada, el gobierno la vetó, pero el Congreso insistió con la ley por lo que finalmente el gobierno la suspendió por eso estamos exigiendo que se aplique la ley y como eso no sucede el sistema universitario es crítico.”
El Gobierno de Javier Milei ha utilizado varias herramientas para frenar la norma, argumentando un riesgo para el "déficit cero":
- Veto Presidencial: Rechazó la ley por considerarla "insostenible" para las cuentas públicas.
- Parálisis Post-Insistencia: A pesar de que el Congreso ratificó la ley, el Gobierno no la aplica, alegando falta de fondos.
- Judicialización: La ley está en los tribunales, con las universidades exigiendo su cumplimiento y el Ejecutivo manteniendo suspendida la ejecución de partidas.
Una Nueva Propuesta "Restrictiva"
El rector Gil también criticó la reciente movida del Ejecutivo en el Congreso, que busca reemplazar la ley vigente con un nuevo proyecto. “No recuerdo luego de la vuelta de la democracia que un gobierno no aplique una ley sancionada por el Congreso y como no quieren cumplirla mandaron un nuevo proyecto de ley modificando la anterior y que si se aprueba deja desarticulada la estrategia universitaria de exigir que se cumpla,” afirmó Gil.
La nueva propuesta oficial de 2026 ofrece actualizaciones menores (cercanas al 20% para gastos de funcionamiento) y elimina la garantía de ajuste automático por inflación, intentando instalar una norma más restrictiva.
Ante este panorama, la exigencia de las universidades es clara: “Solicitamos que la justicia obligue al Ejecutivo a cumplir con la ley,” concluyó el rector. El costo fiscal de la ley original, estimado en un 0.23% del PBI, fue considerado "manejable" por sus autores, una cifra que contrasta con la preocupación del Gobierno por el impacto en el equilibrio fiscal.
