Gastón Bazán repudió los incidentes tras la sentencia: "El Estado de derecho es para todos"
El abogado Gastón Bazán, integrante del equipo de defensa de Oscar González en la demanda civil derivada de la tragedia de las Altas Cumbres, dialogó con Radio Verdad luego de conocerse la sentencia que condenó al exlegislador y a la Provincia de Córdoba al pago de indemnizaciones.
El letrado consideró que los montos reconocidos representan una proporción reducida respecto de lo reclamado y anticipó que la defensa analizará los fundamentos para definir los próximos pasos judiciales.
Al evaluar el resultado económico, sostuvo: “La pretensión habría prosperado únicamente por un 3%, del monto reclamado”. Y explicó que el reclamo original ascendía a unos 11.766 millones de pesos, mientras que, con actualización e intereses, habría alcanzado aproximadamente los 78.500 millones. “Los reclamos civiles han prosperado por un 3% a lo sumo”, remarcó.
El abogado aclaró que todavía no puede realizar una evaluación jurídica definitiva de la sentencia porque los fundamentos se conocerán el 12 de noviembre a las 12. “Tenemos que analizar, ver sobre qué parámetros, sobre qué pautas y sobre qué pruebas se han concedido los montos”, señaló.
Los cuestionamientos a los reclamos indemnizatorios
Bazán afirmó que la defensa había cuestionado desde el inicio la magnitud de las demandas civiles.
En ese sentido, calificó las cifras reclamadas como “exorbitantes, estrafalarias, extravagantes, alucinógenas” y sostuvo que, a su criterio, no tenían correlato con las pruebas producidas durante el proceso.
También indicó que habían solicitado sanciones procesales y el envío de antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados. Según expresó, el tribunal no aplicó las sanciones solicitadas, pero sí hizo lugar al pedido de remisión de antecedentes.
En relación con la indemnización más elevada, correspondiente a Alexa, el abogado dijo que no podía pronunciarse sobre su razonabilidad sin conocer los fundamentos. No obstante, cuestionó uno de los rubros: “Hay una cifra, por ejemplo, 300 millones de pesos por daño moral, que me parece que perfora los límites que ha establecido el Tribunal Superior de Justicia a los fines de otorgar este rubro”.
Sobre los montos reconocidos para asistencia, tratamientos y rehabilitación, insistió en que será necesario conocer el razonamiento del juez para evaluar las cifras otorgadas.
Las costas judiciales y la responsabilidad de la Provincia
Otro de los puntos destacados por Bazán fue la distribución de las costas judiciales, es decir, los gastos y honorarios que genera la tramitación del juicio.
Según detalló, en el caso de Vera se impuso el 80% de las costas a la parte demandante; en el de Marina, el 50%; y en el de Alexa, el 70%.
Para el abogado, esos porcentajes reflejan que las demandas prosperaron solo parcialmente. “Hay un principio objetivo de la derrota que dice que el que pierde paga en derecho civil”, explicó.
Y resumió su interpretación con una frase: “Reclama 100 y le dieron tres”. En su análisis, la imposición de las costas en mayor proporción a quienes promovieron las demandas constituye un elemento relevante para evaluar el resultado económico del proceso.
Respecto de la condena a la Provincia de Córdoba, explicó que la responsabilidad establecida es solidaria. “La condena es solidaria, o sea, se le puede cobrar el total de la deuda a cualquiera de los codemandados”, señaló, en referencia a Oscar González y al Estado provincial.
Consultado sobre si González deberá responder con su patrimonio personal o si intervendrá una aseguradora, Bazán aclaró que el fallo todavía no está firme. Además, afirmó que la Provincia cuenta con un seguro para cubrir este tipo de contingencias y que habrá que esperar a que se determinen los montos definitivos tras las instancias judiciales correspondientes.
“Falta bastante todavía”, advirtió.
La defensa anticipa posibles recursos
Bazán señaló que, una vez conocidos los fundamentos, la defensa evaluará los aspectos de la sentencia civil que podrían ser cuestionados mediante un recurso de casación.
“Nosotros vamos a insistir con el tema civil con la culpa exclusiva de la víctima”, afirmó, al plantear la estrategia defensiva vinculada con la relación causal y la responsabilidad civil de González.
También sostuvo que una eventual modificación de la condena penal por parte de un tribunal superior podría tener repercusiones en el ámbito civil, aunque aclaró que las consecuencias dependen de lo que se resuelva judicialmente.
Sobre la posibilidad de criticar el fallo, fue cauto: “Luego de que conozca los fundamentos podría hacer una crítica jurídica si hay mérito, pero por el momento no puedo responder a esa pregunta porque sería irresponsable”.
Y anticipó la postura de la defensa: “Nosotros vamos a utilizar todos los remedios legales que tengamos a nuestro alcance para conseguir la mejor situación jurídica procesal para nuestros clientes”.
Bazán cuestionó los incidentes ocurridos a la salida de Tribunales
El abogado también se refirió a los insultos y a los incidentes registrados a la salida de Tribunales. Afirmó que viene siendo objeto de agravios desde hace años y defendió su tarea profesional.
“Yo estoy trabajando. A mí trabajar de abogado y defender intereses ajenos no me transforma ni en delincuente, ni en corrupto”, expresó.
En esa línea, sostuvo que el derecho a la defensa debe respetarse independientemente de quién sea la persona representada. “Esta gente que dice defender los derechos humanos parece que los derechos humanos son de ellos únicamente”, manifestó.
Bazán calificó lo ocurrido como “bochornoso” y aseguró que hubo lanzamiento de objetos, agresiones y daños a un vehículo. También señaló que, según su interpretación de los videos que dijo haber visto, podrían identificarse a los responsables y que entendía que se presentarían denuncias penales por los daños.
“El Estado de derecho es para todos”, enfatizó. Y agregó: “Todos somos iguales ante la ley”.
El letrado cuestionó además la conducta de algunas personas que, según relató, habían declarado como testigos durante el juicio y luego participaron de los incidentes. Calificó esa situación como “una hipocresía realmente alarmante” y sostuvo que no debería naturalizarse ese tipo de comportamiento.
Al referirse a las expresiones que califican el hecho como un “crimen vial”, Bazán rechazó esa interpretación y afirmó: “Esa versión, esa novela del crimen vial realmente ya no tiene asidero en ningún lado”.
Finalmente, calificó lo sucedido a la salida de Tribunales como “un espectáculo lamentable”.
La defensa de Oscar González espera ahora la lectura de los fundamentos de la sentencia para analizar los argumentos del tribunal y definir los recursos que presentará tanto en el plano penal como en el civil. González fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, al considerarlo responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y lesiones culposas agravadas, en concurso ideal.
Además, deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta: fijar residencia y no modificarla sin autorización judicial, comparecer ante el tribunal de ejecución del 1 al 10 cada dos meses, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y de estupefacientes, y no cometer nuevos delitos. También deberá afrontar las costas del proceso penal.
