Díaz rompió el silencio tras el allanamiento
Lucy Díaz afirmó que el allanamiento forma parte de una investigación iniciada en 2022 y aseguró que "no hay nada nuevo" en la causa
La intendente de Las Tapias, Lucy Díaz, dialogó con Radio Verdad luego del allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una investigación por una presunta defraudación contra la administración pública y aseguró que el procedimiento corresponde a una causa que se encuentra en trámite desde el año 2022.
En primer lugar, la mandataria repasó algunas de las acciones que lleva adelante la gestión municipal y destacó que continúan las obras y el mantenimiento de distintos espacios públicos.
"Comenzamos con la primera etapa de la plaza, que debemos retomar porque las cooperativas no la finalizaron. También seguimos trabajando en el mantenimiento de las escuelas y refaccionamos el centro de salud", señaló.
Díaz reconoció que el contexto económico representa un desafío permanente para los municipios. "Tenemos muchos empleados y compromisos y todo es caro. Los servicios como electricidad y combustible demandan mucho gasto, al igual que los sueldos, los seguros, el mantenimiento de los vehículos y la asistencia a las familias", explicó.
Asimismo, sostuvo que la administración municipal mantiene sus cuentas en orden y acompaña tanto a vecinos como a emprendimientos privados. "Acompañamos a las familias que construyen sus viviendas con los servicios y también al sector privado. Tenemos un municipio ordenado y presentamos toda la documentación en tiempo y forma ante el Tribunal de Cuentas", afirmó.
"Fue un allanamiento remoto"
Respecto al procedimiento judicial realizado recientemente, Díaz explicó que se trató de una medida de carácter informático.
"Se hizo un allanamiento remoto, que es una intervención informática para ampliar una investigación que se viene realizando desde 2022", indicó.
Según relató, la causa se originó tras una denuncia presentada por una ex asesora letrada, con el paso del tiempo, la denuncia incorporó a otros funcionarios y a la propia intendente.
"La investigación lleva cuatro años y siempre hemos colaborado con la Justicia porque no hay nada que constituya un delito. La gente ya sabe cómo son los procedimientos y los tiempos judiciales. No hay nada nuevo, es todo sobre lo mismo", manifestó.
La jefa comunal también brindó su versión sobre los hechos.
"La denuncia principal fue por amenazas. Esa abogada (Anabella Pereyra) trabajó un año con nosotros y cuando llegaron nuevos asesores advirtieron que había cuestiones que debían modificarse y se cambiaron. Ella se retiró en 2022", expresó.
Críticas a la investigación
Díaz cuestionó además algunos aspectos del proceso judicial y consideró que existen situaciones que no fueron investigadas con el mismo criterio.
"Hemos recibido un ataque personal muy direccionado. La asesora también había traído a un asesor contable, pero la Justicia nunca lo llamó ni lo imputó, mientras que sí fueron imputados otros funcionarios que ni siquiera estaban en esos cargos en aquel momento", afirmó.
La intendente también vinculó la reciente aceleración de las actuaciones judiciales con el escenario político.
"Creo que esto se acelera por cuestiones políticas porque cuando manifesté mi intención de ser candidata a legisladora comenzaron estos allanamientos e intervenciones. Soy una persona honesta, no necesito nada de lo que hay en la Municipalidad y mi único objetivo siempre fue que Las Tapias sea un pueblo próspero", sostuvo.
Por otra parte, señaló que una auditoría realizada sobre el sistema de licencias de conducir no detectó irregularidades.
"Cuando auditaron las licencias vieron que estaba todo en orden y que la evaluadora era la única profesional inscripta en la provincia, nos habilitaron", aseguró.
La causa
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N°1 de Villa Dolores, a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana, y tiene como eje una presunta "defraudación calificada por ser en perjuicio de la administración pública", contemplada en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2022 por la entonces asesora letrada del municipio, Anabela Pereyra. En el expediente se encuentran imputados la intendente Lucy Díaz, su hijo Maximiliano Romero, el secretario de Gobierno Isaac Franco y el secretario de Hacienda María Pérezlindo.
Mientras la investigación continúa su curso, Díaz insistió en que seguirá colaborando con la Justicia y defendió la transparencia de su gestión.
