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Denuncia penal contra autoridades del PAMI: "Lo llamamos un genocidio silencioso"

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) radicó una denuncia penal que derivó en la apertura de una investigación en la Justicia Federal de Córdoba y en la imputación del director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, y del exdirector provincial del organismo, Marcos Patiño Brizuela.

Denuncia penal contra autoridades del PAMI: "Lo llamamos un genocidio silencioso"

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) radicó una denuncia penal que derivó en la apertura de una investigación en la Justicia Federal de Córdoba y en la imputación del director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, y del exdirector provincial del organismo, Marcos Patiño Brizuela.

La presentación había sido formalizada en septiembre de 2025 ante la Fiscalía Federal de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Mabel Edith Sessa Carlos Hugo Vicente. La denuncia apunta al presunto incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales que amparaban a afiliados en situación de vulnerabilidad.

En diálogo con Radio Verdad, la abogada Mabel Edith Sessa explicó los alcances de la presentación y cuestionó la situación que atraviesan los adultos mayores frente a las dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones.

“Hicimos una denuncia penal por el incumplimiento en octubre del año pasado y después se llegó a la imputación de estas dos personas. Por eso le llamamos un genocidio silencioso, por cómo afecta la falta de medicación a los adultos mayores, más la crisis del PAMI”, sostuvo Sessa.

La letrada remarcó que la situación viene siendo denunciada de manera sistemática y advirtió sobre las consecuencias que tiene para los afiliados el incumplimiento de las resoluciones judiciales.

“Es muy complejo porque se incumple todo y las consecuencias en los adultos mayores son terribles y lo venimos denunciando sistemáticamente”, afirmó.

En ese sentido, Sessa señaló además que desde el organismo se presentan recursos de manera reiterada en las causas judiciales vinculadas con las prestaciones de los afiliados.

“PAMI apela todas las cuestiones dentro del amparo colectivo. Hay 24 expedientes aparte del amparo colectivo”, detalló.

La denuncia ahora quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de Córdoba, que declaró su competencia para intervenir en el caso y avanzó con la imputación de los funcionarios señalados. La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes por el presunto incumplimiento reiterado de decisiones judiciales.

La denuncia llegará al Congreso

Sessa también confirmó que el reclamo tendrá una nueva instancia en el Congreso de la Nación. Según explicó, la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados convocó a representantes vinculados con la denuncia para que expongan los avances de la causa.

“Fuimos convocados a la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados de la Nación y allí vamos a exponer todos nuestros avances”, señaló.

Desde la APDH sostienen que el conflicto excede el ámbito judicial y advierten que las dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones impactan especialmente sobre una población considerada vulnerable.

La investigación federal buscará ahora determinar si existió un incumplimiento sistemático de las resoluciones judiciales y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

 

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