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Crisis en Discapacidad: Denuncian Desfinanciamiento y Riesgo de Cierre de Centros

Carolina Armeloni, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CAPREDIS), ha elevado una grave denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Legislatura, alertando sobre la crítica situación que atraviesa el sector de la discapacidad.

Crisis en Discapacidad: Denuncian Desfinanciamiento y Riesgo de Cierre de Centros

Carolina Armeloni, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (CAPREDIS), ha elevado una grave denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Legislatura, alertando sobre la crítica situación que atraviesa el sector de la discapacidad.

La intervención de Armeloni se centra en el desfinanciamiento que sufre el área, señalando que los aranceles actuales están desfasados en un 40% respecto a la inflación, mientras que los costos de funcionamiento de las instituciones se han duplicado.

En diálogo con Radio Verdad, Carolina Armeloni subrayó la gravedad del panorama:

"Nación cortó la cadena de pagos del programa Incluir Social y además no cumple con la ley de Discapacidad, por lo que el panorama es grave y lo que se pone en riesgo es que una persona que necesita de un centro de vida para poder vivir se quede sin ese espacio. Argentina en materia de derechos y accesos, después de muchas luchas, tiene un sistema federal, pero hoy, por la ideología del gobierno nacional, está desapareciendo. Un centro que cierra en una localidad pequeña es algo que se destruye y cuesta mucho reconstruir. No nos queda más que apelar a la conciencia de todos y que los argentinos se pregunten qué país queremos ser."

La titular de CAPREDIS también hizo hincapié en el incumplimiento de la legislación vigente por parte del Estado:

"Hay una ley vigente que pasó cinco veces por el Congreso y tiene una orden judicial para que se cumpla, pero el gobierno no lo hace y en un Estado democrático las leyes se deben cumplir. Las instituciones cumplimos, pagamos sueldos e impuestos, y si no lo hacemos nos sancionan, pero el Estado no está cumpliendo. Logran el superávit fiscal no cumpliendo con sus obligaciones."

La preocupación principal radica en el riesgo inminente de que las personas con discapacidad pierdan los espacios de atención y contención esenciales para su vida, ante la falta de cumplimiento de los compromisos de financiamiento por parte del gobierno nacional.

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