CASO DESAGÜES: URIZ: "Esto que sucedió no fue un accidente, fue un siniestro"
La ex intendenta de Villa Dolores y actual legisladora provincial será juzgada a partir de noviembre de 2026 por el derrumbe ocurrido en una obra de desagües que provocó la muerte de Norberto Orlando Romero y Rubén Damián Altamirano.
El abogado de la familia de Romero, Juan Manuel Uriz, sostuvo que “esto que sucedió no fue un accidente, fue un siniestro” y cuestionó la falta de medidas de seguridad.
La causa por la muerte de dos trabajadores municipales en una obra de desagües de Villa Dolores llegará a juicio oral y público. La ex intendenta y actual legisladora provincial Gloria Pereyra deberá comparecer ante la Justicia a partir de noviembre de 2026, a raíz del derrumbe ocurrido el 16 de julio de 2019 en la obra denominada “Desagüe Centro”, ubicada sobre calle Arzobispo Castellano.
El desmoronamiento de una pared de la zanja provocó la muerte de los obreros municipales Norberto Orlando Romero y Rubén Damián Altamirano.
Ante la notificación de la Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores, Pereyra solicitó una licencia en su banca como legisladora de Córdoba.
En este marco, el abogado Juan Manuel Uriz, representante de la viuda de Norberto Romero y de sus hijas, dialogó con Radio Verdad y realizó fuertes declaraciones sobre el proceso judicial.
“El camino recorrido fue largo y en principio tiene fecha de comienzo para el 11 de noviembre de este año”, señaló el letrado.
Uriz explicó que la causa comenzó bajo la figura de homicidio culposo agravado y que también se había contemplado el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, aclaró que este último punto fue posteriormente descartado desde el punto de vista jurídico.
Según explicó, el Tribunal Superior de Justicia consideró que no estaban reunidos los elementos necesarios para sostener el incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que la discusión central del juicio estará vinculada a la presunta imprudencia, negligencia e impericia.
Uno de los conceptos más contundentes del abogado de la familia Romero estuvo relacionado con las condiciones en las que se desarrollaba la obra.
“Los hechos están acreditados por la realidad probatoria de la causa porque no se cumplieron con las pautas de higiene y seguridad, no se cumplió con el aporte de los elementos mínimos para la seguridad laboral y no se desarrolló la obra observando los lineamientos que había que seguir para evitar el desmoronamiento”, afirmó.
En esa línea, Uriz fue categórico:
“Por eso sostenemos que esto que sucedió no fue un accidente, fue un siniestro, y ese siniestro tuvo su causa y el origen fue la negligencia y la impericia en cuestiones que eran mínimamente exigibles y no se cumplieron”.
El abogado sostuvo además que, de acuerdo con los elementos incorporados a la investigación, habría existido una cadena de incumplimientos que terminó desencadenando el derrumbe.
Uriz puso el foco particularmente en las características de la obra y en la profundidad de las excavaciones.
“En una obra de desagües pluviales excavan a tres o cuatro metros de profundidad sin establecer el entablonado, que son las paredes de madera que se ponen para evitar los desmoronamientos”, explicó.
Según la acusación que representa a la familia de Romero, durante el desarrollo de la obra habrían existido además señales de alerta previas al derrumbe fatal.
“En el desarrollo de la causa existen elementos que muestran que los dos ingenieros, el secretario de Obras Públicas y Gloria Pereyra estaban en conocimiento de lo que sucedía, y antes del hecho hubo una serie de siniestros menores que se produjeron durante el desarrollo de la obra. Hubo muchas señales de alerta que debieron ser observadas”, manifestó Uriz.
La causa tiene como imputados a Gloria Pereyra, el exsecretario de Obras Públicas Aldo Zanitti y los ingenieros Arturo Jorge Janich y Enrique Héctor Bernaldez, en relación con las responsabilidades que la investigación atribuye a cada uno.
Uno de los ingenieros pidió la suspensión del juicio a prueba
El abogado también confirmó que uno de los ingenieros imputados solicitó la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, y que existe una audiencia prevista para el 2 de octubre.
Según explicó Uriz, la persona involucrada realizó un ofrecimiento económico y otras propuestas con el objetivo de evitar llegar a juicio.
Para el representante de la familia de Romero, la tragedia podría haberse evitado.
“Esta situación era absolutamente evitable, porque hay un rosario de omisiones y de incumplimientos con los que se podría haber evitado esto”, sostuvo.
Y agregó que, según la postura de la querella, “estas cuestiones estaban bajo pleno conocimiento de las personas que están imputadas”.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar, durante el juicio oral y público, las responsabilidades penales que pudieran corresponder por la muerte de los dos trabajadores municipales.
