Brügge propone endurecer las penas por ataques de perros potencialmente peligrosos
El diputado nacional cordobés Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de reforma del Código Penal para endurecer las penas contra los responsables de ataques protagonizados por perros potencialmente peligrosos, especialmente cuando las víctimas sean niños o adultos mayores.
La iniciativa busca diferenciar dos situaciones: por un lado, aquellos casos en los que el animal es utilizado deliberadamente para atacar y, por otro, los hechos derivados de la negligencia, imprudencia o incumplimiento del deber de cuidado por parte de sus responsables.
En diálogo con Radio Verdad, Brügge explicó que se trata de un trabajo que viene impulsando desde hace varios años. “Es un trabajo que vengo haciendo desde 2018”, señaló, y recordó que ya había trabajado en una legislación vinculada a la circulación y tenencia de perros potencialmente peligrosos.
El legislador sostuvo que el objetivo ahora es avanzar sobre el Código Penal frente a situaciones en las que un animal puede provocar lesiones gravísimas o incluso la muerte.
“Todos los perros tienen su instinto, el problema es que los potencialmente peligrosos pueden causar la muerte. Por eso queremos aumentar las penas”, afirmó Brügge.
Penas de hasta 25 años
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de un nuevo artículo 79 bis al Código Penal, que establecería penas de 8 a 25 años de prisión o reclusión para quien provoque la muerte de otra persona mediante la utilización de un perro potencialmente peligroso.
La propuesta apunta especialmente a los casos en los que una persona utiliza intencionalmente al animal como instrumento para atacar.
Brügge explicó que se busca incorporar la figura del homicidio para quien deliberadamente utilice un perro para causar la muerte. “Queremos incorporar la figura de homicidio para quien use un perro potencialmente peligroso y le diga al perro que te ataque”, sostuvo.
En los fundamentos del proyecto se plantea que el responsable no debería poder desligarse de las consecuencias argumentando que las lesiones fueron provocadas físicamente por el animal. Para el diputado, quien tiene a su cargo el cuidado del perro debe responder por las consecuencias de sus acciones u omisiones.
También se contempla la negligencia
El proyecto establece además una figura de homicidio culposo para aquellos casos en los que el propietario o responsable no tuvo intención de provocar la muerte, pero incumplió las medidas de seguridad necesarias.
Por ejemplo, contempla situaciones en las que un perro potencialmente peligroso se escapa de una vivienda, permanece suelto, atraviesa un cerramiento deficiente o circula por la vía pública sin las medidas necesarias para garantizar su control.
“Homicidio culposo para quien tenga un perro en la casa pero no con las medidas que corresponden”, explicó Brügge.
En esos casos, si el ataque provoca la muerte de una persona, la pena propuesta será de 4 a 6 años de prisión.
Para las lesiones graves también se establece una diferenciación. Cuando el animal sea utilizado deliberadamente para provocar el ataque, la pena prevista será de 3 a 10 años de prisión. Si las lesiones se producen por negligencia, imprudencia o incumplimiento del deber de cuidado, la sanción será de 2 a 4 años.
“Hay que pensar como si fuera un león suelto”
Brügge remarcó además la importancia de la responsabilidad ciudadana frente a la presencia de perros potencialmente peligrosos sin control en la vía pública.
“Si la gente ve a alguien paseando a un perro peligroso tiene que llamar a la Policía. Si uno ve un dogo suelto en la calle tiene que pensar como si fuera un león suelto”, afirmó.
Y agregó: “Hay que actuar en el acto, llamando a la Policía”.
El diputado aclaró que su iniciativa no apunta a prohibir determinadas razas, sino a establecer responsabilidades concretas para quienes tienen a su cargo animales capaces de provocar daños graves.
“No vamos en contra de la prohibición de razas, pero sí en contra de los irresponsables”, remarcó.
Más de 60 mil ataques registrados en 2025
El proyecto llega al Congreso luego de una serie de ataques graves registrados en distintos puntos del país. Entre ellos se encuentra el caso de Salvador, un niño de tres años que murió tras ser atacado el 9 de agosto en Córdoba por una perra mestiza de pitbull, y el de otro niño de dos años que quedó internado en terapia intensiva tras ser atacado por un dogo argentino en Villa Caeiro.
Los fundamentos de la iniciativa también mencionan otros casos de niños y niñas fallecidos, adultos mayores atacados, víctimas que sufrieron amputaciones y menores que debieron atravesar complejas cirugías reconstructivas.
Según los datos incorporados al proyecto, entre 2023 y 2025 se notificaron 135.715 lesiones por mordeduras de perros en Argentina, mientras que durante 2025 se contabilizaron 60.277 casos.
Para Brügge, las cifras muestran que no se trata de hechos aislados y que resulta necesario avanzar con una legislación que determine responsabilidades penales claras.
La iniciativa tampoco limita el concepto de “perro potencialmente peligroso” a determinadas razas. Considera dentro de esta categoría a aquellos animales que, por su especie, raza, contextura física o fuerza mandibular, tengan capacidad de provocar lesiones graves o la muerte, incluyendo también ejemplares mestizos.
